Comisión de Prevención de la Delincuencia y la Drogadicción en Chile

Como se ha señalado, el incremento de la victimización y del temor ha llevado en años recientes a implementar programas que buscan disminuirlos mediante un cambio en las relaciones de la ciudadanía con las instituciones policiales y el fortalecimiento de los lazos sociales intracomunitarios. Tales políticas vinculadas con la participación de la comunidad en la prevención del delito han sido llamadas “innovadoras” ya que buscan una forma alternativa para abordar el problema de la criminalidad, en contraste con aquellas medidas que ponen énfasis exclusivo en el accionar del sistema de justicia criminal. 

En torno al mismo tema, las interrogantes más frecuentes y que requieren ser abordadas para disponer de un concepto específico son: ¿Qué se entiende por comunidad?, ¿Cuál es el involucramiento de la comunidad en las medidas de prevención?, ¿Cuáles son las responsabilidades de la comunidad en las estrategias de prevención del delito?, ¿Cuáles son las diversas perspectivas teóricas sobre la participación comunitaria en prevención del delito? 

La relevancia de la comunidad en las políticas de seguridad ciudadana es un fenómeno que data de las últimas décadas del siglo XX. Durante el período anterior, en Europa y Estados Unidos la policía era la única institución encargada del control y la prevención de la criminalidad, y utilizaba como principal estrategia el patrullaje de personal uniformado (Crawford, 1997).

Las interpretaciones sobre el significado que se le ha atribuido a la comunidad y su rol en las políticas de seguridad, son variadas. Cada una de ellas pone énfasis en múltiples situaciones, problemas y características de la sociedad y específicamente del sistema de justicia criminal, lo que conduce a miradas positivas o negativas respecto al rol de la participación comunitaria.

Una de las explicaciones recurrentes a la hora de justificar este rol protagónico de la comunidad en el discurso de la seguridad se refiere al fracaso del Estado en su función de reducir el crimen. Por otro lado, la relación entre las instituciones del Estado y la ciudadanía se caracteriza por la desconfianza, en especial la relación entre la ciudadanía y la policía. En relación con esta última, el caso latinoamericano y chileno Marco Interpretativo del Estudio 20 plantean problemas particularmente preocupantes, debido a la participación de las policías en las dictaduras militares de las décadas pasadas y a su reconocida implicancia en violaciones de los derechos humanos. Esta situación presenta un serio desafío para aquellos que proponen la constitución de una constante relación con la comunidad. También se hace hincapié en que el sistema de justicia criminal está caracterizado por una amplia burocratización y ha sido superado por los requerimientos de la población. Como consecuencia surgen propuestas de política pública que devuelven la responsabilidad al individuo por la preservación de su seguridad, a la vez que minimizan el rol del Estado en esta temática. En este contexto, el llamado a un mayor involucramiento de la población en las políticas de seguridad esconde una estrategia que entrega las responsabilidades a la población por funciones que anteriormente correspondían únicamente al Estado (Crawford, 1997). Esta perspectiva ha sido fundamental en las políticas desarrolladas en las últimas décadas en toda la región, donde la participación de la comunidad es invocada en medidas tanto de corte preventivo (mejoramiento de espacios públicos), como de control (utilizando sistemas de vigilancia barrial).