Comisión de Prevención de la Delincuencia y la Drogadicción en Chile

El Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad para Todos, se articula en torno a tres ideas centrales. 

La primera de ellas es el reconocimiento de los avances y aprendizajes alcanzados en las últimas décadas. Se trata de un plan inserto en un proceso acumulativo en el que se valoran los aportes de gobiernos anteriores y se enfatizan nuevos desafíos. La segunda, consiste en reconocer que si bien la política de seguridad tiene ejes articuladores de carácter nacional, requiere de orientaciones específicas a nivel regional, provincial y municipal. Y la tercera, que aunque el sistema de justicia criminal es un componente central para la definición de una política de seguridad, es necesario incluir otros órganos públicos, en especial, a los gobiernos locales en la generación de soluciones integrales y pertinentes.

El año 2004 se publicó la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, como resultado de los consensos alcanzados por un grupo de expertos convocado por el gobierno1. En ella destaca la definición de los principales horizontes estratégicos en materia de integración y cohesión social, diseño urbano, gestión policial, mejoramiento de los servicios públicos y la creación de un sistema de información estadística sobre la violencia, el delito y la inseguridad. En base a este conjunto de dimensiones, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2006-2010 se distinguió por sentar las bases para la creación del actual Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y establecer las principales herramientas de medición de la violencia, el delito y la inseguridad. Asimismo, implementó una red de asistencia y apoyo a las víctimas de delitos violentos. 

El Plan Chile Seguro 2010-2014 se caracterizó por la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito, su aporte a los procesos de descentralización de información, la implementación de nuevas tecnologías para la prevención del delito, y el reforzamiento del sistema nacional de atención a víctimas de delitos violentos. A partir de estos avances, el Plan Nacional Seguridad para Todos, reconoce que la seguridad es un derecho humano fundamental para el ejercicio de otros derechos y un requisito para el desarrollo humano y la paz social, en tanto refuerza los niveles de confianza mutua indispensables para producir cohesión y contribuir a mejorar la convivencia en comunidad. 

Para garantizarlo, el Ejecutivo, por medio de sus distintos niveles territoriales, desarrollará alianzas estratégicas con las municipalidades. Estás permitirán la constitución de una “gobernanza local de la seguridad”, con el objeto de aumentar los niveles de coordinación y cooperación entre los organismos públicos tanto de las agencias que conforman el sistema de justicia criminal como de todos aquellos servicios que contribuyen a resguardar la tranquilidad pública e integrar a las comunidades en los procesos de priorización de los problemas y, cuando sea pertinente, en su solución.

Desde el punto de vista comunitario, la seguridad es un proceso de construcción colectivo cuya principal virtud es producir control informal. Este bien común permite mantener vigentes las nociones vinculadas al respeto de las reglas que nos rigen. Los barrios con mayor control social informal suelen tener entornos más cuidados, usos más consensuados y legitimados de los espacios comunes, relaciones de mayor confianza con los servicios públicos y con la justicia, mejores niveles de integración y convivencia y, en general, ambientes donde sus habitantes y usuarios suelen tener mejor calidad de vida. 

Desde la mirada de los organismos públicos, resulta indispensable satisfacer las necesidades de seguridad de la población. Dado que éstas se originan en contextos particulares, el plan busca generar soluciones locales mutuamente satisfactorias y vinculantes4 , de forma tal que los actores que participan de ellas puedan resolver sus necesidades de manera cooperativa y corresponsable. En tal sentido, se reconoce la heterogeneidad de los factores vinculados a la violencia, el delito y la inseguridad. 

Ello obliga a definir las necesidades y demandas de seguridad de la población de manera descentralizada y a diseñar propuestas adaptadas a la diversidad de situaciones que las producen. También reconoce que los entornos urbanos y sociales donde se generan estos fenómenos son cada vez más dinámicos, lo que obliga a actualizar permanentemente las respuestas.

Tomando en cuenta lo anterior, el Plan Nacional Seguridad para Todos se construye sobre la base de cinco pilares que reconocen la diversidad y el dinamismo de las necesidades y demandas ciudadanas. 

El primer pilar lo constituye la información utilizada para apoyar los procesos de toma de decisiones a nivel regional, provincial y comunal. En virtud de ello, uno de los objetivos centrales de la política de Gobierno es que los servicios públicos territoriales cuenten con datos confiables y oportunos que les permitan adaptar sus respuestas a entornos cada vez más dinámicos y cambiantes. En las unidades territoriales que proveen directamente los servicios, la toma de decisiones basada en información produce innovación. 

El segundo pilar es la participación ciudadana en el diseño y ejecución de las medidas y acciones de seguridad en los distintos niveles de Gobierno. Una ciudadanía comprometida con la seguridad permite no sólo identificar los problemas, sino también la construcción de soluciones cooperativas. La participación permite, además, concentrar las agencias estatales en la satisfacción de las necesidades locales produciendo adhesión ciudadana y propiciando un mejor control sobre sus procesos de implementación. 

El tercer pilar es la coordinación. Esta permite optimizar los recursos y produce una mayor efectividad de las medidas implementadas. La formulación de metas y objetivos compartidos genera mayores niveles de cooperación interinstitucional, incentivando la colaboración mutua en la solución de problemas. 

El cuarto pilar del Plan Nacional es la focalización territorial. Si bien las necesidades son múltiples y diversas, la evidencia internacional indica que la focalización de las iniciativas de política pública en lugares de alto impacto aumenta su efectividad. Esto se traduce en la producción de respuestas integrales en zonas que presentan características que favorecen el desarrollo de conductas delictivas y/o condiciones para la violencia y la inseguridad. 

El quinto pilar del Plan Nacional Seguridad para Todos es el fortalecimiento del liderazgo local, entendido como la capacidad de los alcaldes y de los gestores locales de liderar los procesos de formulación e implementación de la política de seguridad y prevención. Para esto deben participar activamente en la definición de prioridades, interactuando con el Gobierno central, las policías y los servicios descentralizados del Estado con el fin de lograr implementar un enfoque cooperativo frente a las prioridades locales. En este sentido, uno de los objetivos del Plan Seguridad para Todos es desarrollar capacidades a nivel local y dejar instaladas las competencias necesarias para reforzar un enfoque preventivo en materia de violencia y delito. En este contexto, el Plan Nacional Seguridad para Todos propone articular una oferta programática integral y adaptada a las necesidades comunales, tomando en cuenta los factores de riesgo que inciden en estos fenómenos; las capacidades instaladas en los municipios para enfrentar estos problemas; la población que concentran –tanto permanente como flotante– y las tipologías de problemas delictuales que se producen en cada territorio.